La inmigración sigue siendo un tema muy delicado y complejo en nuestro país. Por más que hemos avanzado en muchos aspectos que tienen que ver con la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad, hay cuestiones que todavía se nos atragantan. Y es que ser una persona de nacionalidad marroquí o tener un apellido árabe, como veréis a continuación, sigue siendo un hándicap para muchas personas.

Cuando se trata de alquilar un piso, muchas inmobiliarias pasan completamente de personas que tienen apellidos que no corresponden con los comúnmente asociados a los españoles. Esta práctica se conoce como ‘racismo inmobiliario’ y está muy extendida en nuestro país. Lamentablemente, la protagonista de nuestra noticia de hoy lo ha vivido en sus propias carnes.

Ella es Oumaima, una joven que ha denunciado en Twitter los requisitos racistas que le exigió la propietaria de un piso que querían alquilar. Lo que tendría que haber sido un mero trámite, acabó por convertirse en un ejemplo más de que todavía hay mucho por lo que luchar:

«Hoy por la tarde íbamos a firmar el contrato con esta casera. Le pasé nuestros datos y me dice esto. Primero, nos pregunta si nuestros padres son españoles cuando no tiene nada que ver y después que al menos uno de ellos tiene que ser español de origen», escribía la afectada en su cuenta personal de Twitter.

En las imágenes adjuntadas en el tweet, podemos ver que el casero le pregunta quiénes serían los avalistas del piso; hasta aquí todo normal si tenemos en cuenta que esto es algo que se suele preguntar… pero es que, cuando ella le responde que serían sus padres, la cosa se pone turbia: «necesitamos saber que tienen solvencia económica y al menos uno que sea de origen español, con nómina y capacidad de responsabilizarse de pagos», señalaba la propietaria del apartamento.

Ella insiste en que sus padres, a pesar de ser de origen marroquí, llevan más de 30 años viviendo en España y tienen la nacionalidad… pero, por lo visto, eso a él no le valía e insistía en que al menos uno debía ser «español» para, supuestamente, garantizar la solvencia económica.



«Cuando nos ha dicho todo esto, la hemos llamado por teléfono y nos dice que aún nuestros padres tengan solvencia económica necesidad a una persona española de origen para que nos avale y se fíe de nosotras.», escribía en un siguiente tweet.

Ella, como bien expresa en su publicación, desconoce la legislación respecto a este tema, pero tiene pensado denunciar la situación y llevarla por la vía legal si es necesario, por lo que pide ayuda a cualquiera que pueda colaborar con información.

Este caso nos recuerda al vivido recientemente por un propietario de Barcelona que, al negarse a alquilarle un piso a un marroquí, tuvo que pagar una sanción de 45.000 euros. en este caso, se aplicó ley catalana de vivienda de 2007, ya que se trataba de una discriminación directa de acceso a una vivienda únicamente por el origen de la persona.

Hasta el momento, esta ley solo ha tenido que aplicarse de esta forma en dos casos, siendo el primero una multa por un anuncio de un piso en alquiler en el que se especificaba que solo se ofrecía para personas de origen español.

A vosotros, ¿qué os ha parecido este caso de discriminación? 

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Fuente: La Vanguardia.